La policía de Río fusila en las favelas

Las entidades Justicia Global y Tortura Nunca Más, y cuatro organismos de derechos humanos locales condenaron lo que definen como ejecuciones sumarias y describieron “un clima de terror por cuenta de la ocupación policial”.

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Por Gustavo Veiga

Desde que irrumpieron los tanques en las favelas de Río de Janeiro, con el propósito de expulsar al narcotráfico, asoman dos comprobaciones de hierro: se extiende la certeza de que hubo graves violaciones a los derechos humanos en el Complejo de Alemao y la Vila Cruzeiro, y las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) van consolidando de a poquito su presencia en los morros que rodean la ciudad. Las entidades Justicia Global y Tortura Nunca Más, y cuatro organismos de derechos humanos locales, condenaron lo que definen como ejecuciones sumarias y describieron “un clima de terror por cuenta de la ocupación policial”. En junio de 2007 se produjeron 19 muertes en un operativo sobre el mismo escenario, según reconoció la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que admitió varios fusilamientos. En noviembre pasado se relevaron 34 casos en una ofensiva de nuevo tipo: las fuerzas combinadas permanecen en las posiciones que ocuparon. Abandonaron las incursiones relámpago en aquellas barriadas pobres. “Hasta hoy no se sabe de forma precisa cuántas personas fueron muertas en operaciones policiales desde el día 22 de noviembre”, informa el documento firmado el 21 de diciembre, que ha tenido –según los denunciantes– casi nula divulgación en la prensa brasileña.

El “manifiesto público”, como lo llaman las organizaciones, detalla que desde el 28 de noviembre realizaron visitas a Alemao y Vila Cruzeiro, donde comprobaron una realidad bien distinta a la retratada por los medios. “Casos de tortura, amenazas de muerte, invasión de domicilio, lesiones, corrupción, robo, extorsión y humillaciones”, menciona la denuncia, además de “ejecuciones no registradas, ocultación de cadáveres y desapariciones”. Más adelante precisa que “para que se tenga una idea, en una favela del Complejo de Alemao, representantes de las organizaciones estuvieron en una casa completamente abandonada. El domingo 28 hubo una ejecución sumaria de un joven. Dos semanas después, la escena del homicidio permanecía de la misma manera, con la casa todavía revuelta y, al lado de la cama, intacto, un charco de sangre del niño muerto”.
El documento cuestiona al comandante de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Mario Sergio Duarte, quien declaró públicamente que tenía la orden de “barrer casa por casa” y recuerda que los diferentes gobiernos cariocas mantienen “calcada una misma visión que tiene por objeto tipificar como delito a la pobreza”. El gobernador estadual, Sergio Cabral, calificó como “un día histórico” el de la ocupación de las favelas. En cambio, el sociólogo Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, es una de las voces críticas del operativo que movilizó a 3 mil efectivos: “Los militares tienen una función de defensa nacional y la confusión de su papel es peligrosa”, advirtió. Luego ironizó sobre qué hubiera pasado “si la policía entra casa por casa en Ipanema y Copacabana, barrios de clase media y alta de la zona sur de Río de Janeiro”.
El diputado Marcelo Freixo, del PSOL, una escisión por izquierda del gobernante PT, afirma que “tener sensación de seguridad es muy diferente a tener seguridad”. Según Amnistía Internacional, las denuncias del legislador contra el sicariato del narcotráfico pusieron en riesgo su vida. La organización denunció que hay pistoleros dispuestos a asesinarlo. Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos con sede en Porto Alegre, en declaraciones a Página/12 definió como “pura ironía que llamen al operativo Pacificación, cuando está compuesto por paracaidistas del ejército y policías militares. Y ahora, documentos confidenciales del Centro de Inteligencia del Ejército nos señalan que volvió el tráfico de drogas a la región. Cambió el modo de actuación de los traficantes. El informe apunta a que hombres armados mantienen una forma móvil de tráfico y utilizan moto-taxis, que trabajan como observadores de los movimientos de las tropas. También se utilizan señas y contraseñas para la venta de drogas. Con esto queda en evidencia el error de utilizar a los militares en una acción netamente policial”. El organismo de Krischke es uno de los que firmó el texto sobre los hechos violentos de Alemao y Vila Cruzeiro.
“Es un escándalo: equipos policiales de diferentes corporaciones, de diferentes batallones, se turnan en busca de dinero, joyas, drogas y armas que los delincuentes habrían dejado tras la fuga”, acusa el duro comunicado que, además, menciona la sospecha de una fuga protagonizada por varios jefes narcos facilitada por las fuerzas militares y policiales. Durante la ocupación de las favelas, los blindados M113 equipados con armamento de guerra eran conducidos por el ejército, mientras que las operaciones dentro del territorio tomado (ubicado al norte de Río) quedaron en manos de la Policía Militar. “Esta vez estamos entrando para ganar la guerra”, gritaban desde las garitas de los tanques los soldados que ingresaban a Alemao y Vila Cruzeiro.
Brasil, además de sus fuerzas armadas, cuenta con varias policías a nivel nacional y estadual. En 1978 también se creó el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que apareció en Río de Janeiro como una fuerza de elite. Su razón de ser: el incremento del narcotráfico. Ya en junio de 2007, el Complejo Alemao, un conjunto de trece favelas entre las casi mil que existen en la ciudad, había sido el escenario de un megaoperativo con 1400 policías armados para una guerra. Los 19 muertos de entonces quedaron cargados en la cuenta del gobierno de Lula, se precipitaron varias denuncias por violaciones a los derechos humanos y hubo un informe final de la Secretaría Especial de Derechos Humanos nacional que habló de asesinatos de personas desarmadas. La diferencia sustancial con los episodios de noviembre de 2010 es que las UPP todavía no habían sido creadas. Recién serían concebidas en 2008, después de un viaje del gobernador de Río de Janeiro a Colombia, donde visitó Bogotá y Medellín. Cabral regresó a su ciudad estimulado por el modelo que combinaba una fuerte presencia policial y obras de infraestructura necesarias para combatir al delito.
Ese cuerpo especial entró a las favelas para quedarse y combina represión con actividades sociales en el territorio. Tres millones de habitantes de los catorce que tiene Río viven allí. Las UPP intentan familiarizarse con sus habitantes, aunque las víctimas tienen una opinión bien distinta de la policía en general. Para Thereza Cristina Barbosa, madre de Rosangela Barbosa Alves, la niña de 14 años muerta de un disparo en pleno operativo mientras estudiaba, “el tiro que se coló en mi casa vino de abajo. Ahora mi hija está muerta y yo ni siquiera puedo velar su cadáver”, denunció en el periódico O Dia. Si el tiro vino de abajo, no vino de los morros, donde se refugiaban los criminales rodeados.
La política de seguridad para las favelas dejó de consistir en incursiones esporádicas a las alturas de Río dominadas por los narcos. El Estado ha empezado a establecerse allí donde antes imponían su ley el Comando Vermelho o sus circunstanciales y actuales aliados de la organización delictiva Amigos de los Amigos. Dio el primer paso para quedarse en esas barriadas tan pobres que olvidó durante décadas.

FONTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-160488-2011-01-15.html

Brasil: Novo governo - Observatório de Favelas

Direitos Humanos - 12/01/2011 14:30
Justiça brasileira
Por Cecília Olliveira

Na terceira matéria da série especial "Brasil: novo governo", o Notícias & Análises traça o perfil do novo ministro da Justiça Eduardo Cardozo e escuta especialistas sobre as perspectivas sobre o novo Ministério. Em suas primeiras declarações como ministro, Eduardo Cardozo chamou a atenção por conta da proposta de intensificação do policiamento nas fronteiras, com atenção especial à Polícia Federal, a descriminalização do uso de drogas e a ampliação do Programa Nacional de Segurança Publica com Cidadania (Pronasci).

Eduardo Cardozo
Mestre em Direito, advogado e procurador do município de São Paulo, Eduardo Cardozo foi vereador de São Paulo por três mandatos, presidiu a Câmara Municipal durante dois anos, e, por duas vezes, foi deputado federal por São Paulo. Membro de um grupo minoritário de militantes petistas que reúne integrantes de diversas correntes em todo o Brasil, Cardozo foi indicado para secretaria do partido e para a coordenação da campanha eleitoral da presidenta Dilma Roussef, que pontua em seu programa de governo a intenção de nacionalizar as Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), modelo de policiamento implantado em algumas favelas do Rio de Janeiro.

Entre seus secretários estão Regina Miki, ex-presidente do Conselho Nacional de Segurança Pública (Conasp) e ex-secretária de Defesa Social de Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo, que responderá pela Secretaria Nacional de Segurança Pública e Pedro Abramovay, que era secretário nacional de Justiça e agora responde pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad), que era ligada à Presidência da República e passará para a estrutura do Ministério da Justiça. Vale destacar que é a primeira vez que a pasta sai das mãos de forças militares e é secretariada por um civil. Ambas as escolhas, bem como a submissão da Senad ao Ministério da Justiça, foram bem recebidas por especialistas.

Foto: Divulgação

Marcelo Freixo¹
A escolha de Eduardo Cardozo para o Ministério da Justiça foi boa. Ele tem sensibilidade à discussão dos direitos humanos e dá sinais de que vai manter o dialogo com os movimentos sociais. É preciso mais articulação entre a Secretaria Nacional de Justiça e Secretaria Nacional de Segurança Pública, para o desenvolvimento de ações conjuntas. A expectativa é de melhoria.

A CPI das milícias foi prática, seu encaminhamento provocou várias prisões, mas elas continuam crescendo, devido à fragilidade no tratamento do tema na esfera federal. Precisamos que o crime de milícia seja tipificado, que a base governista coloque este assunto em discussão

 

Uma outra coisa que espero desta gestão é um olhar especifico para as milícias. A CPI das milícias foi prática, seu encaminhamento provocou várias prisões, mas elas continuam crescendo, devido à fragilidade no tratamento do tema na esfera federal. Precisamos que o crime de milícia seja tipificado, que a base governista coloque este assunto em discussão. O desarmamento do corpo de bombeiros também é uma das ações que propomos, bem como a ampliação do corpo de fiscais da Agância Nacional do Petróleo (ANP). A população do Rio de Janeiro precisa cobrar do governo federal tais ações.

¹Marcelo Freixo é deputado estadual pelo Rio de Janeiro e milita há 20 pelos Direitos Humanos.

Foto: Divulgação

Fabio de Sá e Silva²
Prefiro mais falar das escolhas do Eduardo Cardozo que da escolha da presidenta por Cardozo. Os últimos Ministros da Justiça não foram perfeitos, mas, no conjunto, deram contribuições importantes para o setor. Marcio Thomaz Bastos deu estabilidade ao Ministério, permitindo que o governo federal começasse a induzir e coordenar a política pública de segurança. Tarso Genro trouxe o Pronasci, encampado e em alguns casos aperfeiçoado por Luiz Paulo. Sob o mote da Segurança com Cidadania, o Pronasci deu um sentido mais substantivo para tudo aquilo que o Ministério havia antes conquistado. Mas ainda restam muitos limites: financiamento, problema de governança e não há um projeto sério de monitoramento e avaliação.
 

O sistema penitenciário é uma das áreas na qual o governo Lula teve o seu pior desempenho. Os presídios federais podem até ser estratégicos para isolar as lideranças do crime organizado, mas as principais facções criminosas do país nasceram em presídios estaduais, para os quais falta política e nos quais reinam o improviso e a opressão contra presos e servidores

 

Regina Miki [secretária Nacional de Segurança Pública] me parece absolutamente consciente desses desafios. Como ela trabalhou na ponta, numa secretaria municipal, tem duas virtudes: sabe que boa parte da violência pode ser atacada com medidas preventivas e de inteligência e, portanto, deve seguir na linha da Segurança com Cidadania. Segundo, sabe que, embora o governo federal possa e deva induzir uma política nacional, as soluções para o problema da violência são essencialmente locais. Com isso, creio que ela deva temperar um pouco a orientação da presidenta de nacionalizar as UPPs. Uma coisa é dizer que os estados e municípios devem construir estratégias de retomada de espaços hoje ocupados pelo crime organizado. Outra coisa é achar que, para isso, será sempre necessário enviar o BOPE com blindados de lagarta. Nesse aspecto, o Rio é e deverá continuar sendo uma exceção.

Outro imenso desafio, que eu gostaria de ver atacado na gestão que se inicia, é o sistema penitenciário. Essa é uma das áreas na qual o governo Lula teve o seu pior desempenho. Os presídios federais podem até ser estratégicos para isolar as lideranças do crime organizado, mas as principais facções criminosas do país nasceram em presídios estaduais, para os quais falta política e nos quais reinam o improviso e a opressão contra presos e servidores. O Governo Lula incluiu socialmente mais de 11 milhões de famílias, por meio de um programa complexo como o Bolsa Família. Não há como fazer nada pra mudar a realidade de cerca de 500 mil presos?

²Fabio de Sá e Silva é técnico de Planejamento e Pesquisa no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e foi dirigente no Departamento Penitenciário Nacional no Ministério da Justiça

Foto: Consejo de Redaccion

Alvaro Sierra³
É um progresso toda tentativa de assumir a luta contra o narcotráfico de forma mais ampla que a tradicional estratégia de "guerra contra as drogas", que os Estados Unidos vivem empregando – e impondo – na América Latina desde os anos 70. Uma das características de tal estratégia tem sido a militarização da luta contra as drogas, estimulando o envolvimento não só da Polícia como também do Exército, como ocorreu na Colômbia e no México. Neste sentido, designar um civil para o cargo máximo "antidrogas", substituindo os militares que tradicionalmente o têm ocupado, pode ser um sinal interessante. Os civis trazem um enfoque mais amplo, mais flexível e uma atenção a questões que, frequentemente, escapam ao radar dos militares. A luta contra o narcotráfico não é apenas um problema de policiais e bandidos, de confiscar entorpecentes, deter narcotraficantes, encontrar esconderijos com dólares e prender consumidores. As drogas são um problema social e econômico, cujas raízes e efeitos não são alcançados pela estratégia repressiva atual.  Um civil pode contribuir colocando o foco em problemas como o consumo, que hoje é um dos temas mais graves em países como o Brasil, e a prevenção.
 

Um civil pode contribuir colocando o foco em problemas como o consumo, que hoje é um dos temas mais graves em países como o Brasil, e a prevenção

 

Por sua vez, pode prestar atenção à discussão geral das políticas antidrogas. Os resultados da "guerra contra as drogas" são tão escassos e o esforço e os "efeitos colaterais" tão desproporcionalmente altos, que em todo o mundo ganha uma importância cada dia maior a discussão em torno de se esta política é a mais adequada e se não passou, há tempos, a hora de uma "mudança de paradigma".

A descriminalização, que vem ganhando força na América Latina, do porte e consumo de pequenas doses de drogas tende a mudar o foco de gravidade e a deixar de assumir o usuário como um criminoso. Entender as drogas e seu consumo como um tema de saúde pública e não de polícia e uma política como a "redução de danos", que em muitos países europeus marca o ritmo da abordagem estatal para o problema do consumo, são discussões que a América Latina está atrasada em empreender. Que o Brasil, com seu peso e liderança no continente, vá por esse caminho. Seria um sinal de que a hora da "guerra contra as drogas", pouco a pouco, está chegando ao fim.

³Alvaro Sierra é jornalista e professor da Universidade para a Paz das Nações Unidas em San José, Costa Rica.

Foto: Divulgação

Marcelle Figueira⁴
As minhas expectativas sobre o nosso novo ministro e toda a sua equipe é muito boa.  Em relação à ida da Regina Miki para a Secretaria Nacional de Segurança Pública, minhas expectativas são ainda maiores. A Regina passou pela experiência de um município, coordenou a Conseg e esteve à frente do Conasp. E nestas posições ela pode acumular experiências em pontos essenciais: o papel dos municípios na Segurança Pública, sobretudo na prevenção; conhecer as demandas dos setores organizados da sociedade; as demandas das organizações de classe dos operadores de segurança; as tensões existentes nas negociações entre os diferentes níveis de governo, sociedade civil organizada e organizações de classe. Acredito, portanto, que a nova secretária poderá cumprir bem o seu papel de auxiliar a construção de um pacto federativo com municípios, estado e união, em torno de uma política nacional de segurança pública mais integrada.

Nesta gestão a Senasp incorporou o Pronasci e acredito que assim terá uma maior capacidade para agir na prevenção, que deverá ser o grande eixo de ação da nova secretária. A Senasp cresceu muito nos últimos oito anos, pulando de um orçamento de 400 milhões em 2003 para mais de 2 bilhões agora em 2011. O desafio é gastar bem este recurso. A expectativa é de que esta gestão trabalhe a implementação do SUSP (Sistema Único de Segurança Pública) e na normatização dele.
 

Combater o tráfico de drogas e de armas não é possível sem um policiamento de fronteira mais forte e ações de inteligência. As polícias Federal e Rodoviária Federal têm um importante papel a cumprir nesta missão

 

É necessário, ainda, qualificar os dados das estatísticas criminais. O Sistema Nacional de Estatísticas em Segurança Publica e Justiça Criminal (SINESPJC) tem sete anos. É um sistema jovem em relação ao que temos na Saúde, e é fundamental que se trabalhe na produção de dados cada vez mais confiáveis, para que possamos garantir a comparabilidade de informações entre as Unidades da Federação. Esta comparabilidade não tem o objetivo de hierarquizar, mas sim de produzir diagnósticos consistentes de forma que possamos avaliar as políticas e aperfeiçoá-las.

Em relação às demais ações do Ministério da Justiça, acredito que haverá um maior fortalecimento do policiamento da fronteira e mais parcerias com o Ministério da Defesa. Combater o tráfico de drogas e de armas não é possível sem um policiamento de fronteira mais forte e ações de inteligência. As políciaa Federal e Rodoviária Federal têm um importante papel a cumprir nesta missão.

Por outro lado, não acredito na nacionalização das UPPs, pois ainda que a territorialização do tráfico de drogas não seja uma exclusividade do Rio de Janeiro, ela também não está presente em todos os estados. A geografia do Rio de Janeiro e a ausência de um planejamento urbano durante décadas, geraram estes territórios de exclusão que o estado precisa retomar. Já a discussão sobre a descriminalização do uso de drogas é um debate que deve ser feito por toda a sociedade, mas não acredito que com a composição que temos hoje na Câmara dos Deputados, após um processo eleitoral que mobilizou uma parcela tão conservadora da sociedade, seja possível, séria e menos moralizadora.

⁴Marcelle Figueira é coordenadora do Curso de Graduação Tecnológica em Segurança e Ordem Pública da Universidade Católica de Brasília e foi coordenadora de Análise Criminal na Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

 

FONTE: http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriodefavelas/noticias/mostraNoticia.php?id_content=986

 

Modelo de UPP do Rio falha em Medellín

Combate à violência de cidade colombiana foi base para a criação das Unidades de Polícia Pacificadora cariocas

Projeto da Colômbia já mostra sinais de regressão, com volta do crescimento dos homicídios na cidade

RODRIGO RÖTZSCH
DO RIO

Numa operação de guerra, as forças de segurança tomam o conglomerado de favelas que constitui o principal bastião do tráfico na cidade. Depois, instalam bases permanentes, que permitem a chegada de outros serviços sociais e jurídicos e a realização de obras para melhorar a vida na comunidade.
Esse roteiro poderia descrever o que está em andamento no Complexo do Alemão, no Rio, e em outras favelas "pacificadas" da cidade. Mas resume o que aconteceu a partir de 2002 na Comuna 13, conjunto de 25 favelas em Medellín, cidade colombiana que já foi considerada a mais violenta do mundo.
O combate à violência em Medellín é modelo inspirador assumido da política de UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora) no Rio de Janeiro. Vem da cidade colombiana também a inspiração para obras como o teleférico do Alemão.
Só que a história de sucesso de Medellín começou a ruir há dois anos, quando a violência voltou a crescer.
Após queda, entre 2002 e 2007, de 184 para 33,8 por 100 mil habitantes, a cidade viu a taxa de homicídios voltar a subir, chegando a 94,5 no ano passado.
Diante da realidade dos números, especialistas e autoridades começaram a reavaliar o que até então era considerada uma receita de sucesso. Hoje há um consenso que os índices de mortalidade caíram mais por um arranjo entre os narcotraficantes, que suspenderam suas disputas internas em prol do negócio, do que pelas UPPs à colombiana e outras medidas instaladas.
Mas a inversão da tendência de queda da violência em Medellín não impediu as autoridades do Rio de Janeiro de continuar citando a cidade como exemplo. No evento neste mês em que assinou convênio para a instalação de postos avançados de serviços judiciários em favelas pacificadas -outra iniciativa que emula Medellín-, o governador Sérgio Cabral disse: "Essa população que ficou ao deus-dará por anos terá justiça. Se em Medellín é possível fazer, por que nós não faremos no Rio?"
O comandante das UPPs, coronel Robson Rodrigues, disse à Folha que a experiência de postos de polícia na Comuna 13 é um modelo para as UPPs. "Há características comuns, como a mortalidade de jovens do sexo masculino nessas comunidades mais carentes."
Rodrigues afirmou, porém, que a cidade colombiana enfrenta alguns "probleminhas" que a diferenciam do Rio. "Os indicadores criminais começaram a crescer. É uma realidade diferente das nossas UPPs aqui, porque nas nossas UPPs os indicadores despencam. O crime de homicídio não existe quase. Lá ainda existe isso."
No primeiro ano das UPPs, porém, o índice de homicídios por 100 mil habitantes no Rio ficou praticamente estável -foi de 34,7 a 34,6. Em Medellín, embora partindo de uma base mais alta, houve queda de 184 para 98,2.

FONTE: http://www.fenapef.org.br/fenapef/noticia/index/31452

UPPs transformam favelas cariocas em campos de concentração

Opinião é da socióloga Vera Malaguti, que participou do seminário “Encarceramento em massa: símbolo do Estado penal”, realizado em São Paulo

09/12/2010

Luciana Araujo

De São Paulo (SP)

Em meio à onda de legitimação das ações policiais nas comunidades cariocas da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, com o apoio espetacularmente armado do Exército e da Marinha, dezenas de entidades realizaram, entre 7 e 9 de dezembro, o seminário “Encarceramento em massa: símbolo do Estado penal”, no salão nobre da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, centro da capital paulista.

Na abertura do seminário, a socióloga Vera Malaguti, uma das palestrantes, afirmou que está em curso no Rio de Janeiro a transmutação do modelo da penalização exacerbada das camadas mais pauperizadas da população para um projeto de militarização da segurança pública. Vera afirma que essa realidade está levando à “transformação das periferias e das favelas em campos de concentração, como é o projeto das UPPs”.

Para Malaguti, a comparação se justifica pelo “controle absoluto e militarizado, com mortes em série,” imposto às comunidades. “É a ocupação militarizada dos territórios de pobreza”, afirma.

Nas favelas onde foram instaladas as chamadas Unidades de Polícia Pacificadora, a autoridade militar determina até mesmo o tipo de música que os moradores podem ouvir. O funk, um dos ritmos mais difundidos nas comunidades do Rio, está no rol das manifestações musicais proibidas. Também são controladas pelo comando das UPPs atividades como festas e churrascos e o horário de circulação dos moradores.

“Estamos vivendo, para que fluam os negócios olímpicos transnacionais, um verdadeiro massacre das favelas cariocas. Então você tem metáforas como as ‘cercas ecológicas’, ‘muros acústicos’. E todos aqueles ‘verdes’ da Natura aderindo. Quando os pobres ocupam o território, é como se eles poluíssem a natureza”, criticou Vera.

Para ela, que ocupa a secretaria geral do Instituto Carioca de Criminologia, “a classe trabalhadora brasileira está presa, dentro e fora das prisões”.

Vera Malaguti voltou a mencionar o regime totalitário ao afirmar que “nosso secretário de segurança [José Mariano Beltrame] diz que é um técnico, mas as SS nazistas também eram polícias técnicas altamente qualificadas”.

A grande mídia demanda mais violência

A socióloga também criticou duramente a cobertura da mídia às ações policiais e seus resultados. “A mídia é a grande produtora de uma demanda por mais prisões e mais penas”.

A omissão, pela quase totalidade dos veículos de comunicação, das mortes ocorridas durante a operação iniciada no dia 21 de novembro foi apontada como parte do processo de legitimação de uma ação eivada de ilegalidades por parte das polícias civil e militar do Rio de Janeiro com o apoio das forças armadas.

Há veículos que até hoje sustentam a versão de que não teria havido mortes de “civis”. No entanto, ao menos 51 pessoas foram assassinadas por disparos efetuados por agentes do Estado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Entre eles uma adolescente atingida na cabeça dentro do quarto onde estudava, um agente de segurança morto diante das câmeras enquanto levava convites do aniversário do filho para vizinhos, um idoso e um dos suspeitos de envolvimento com o tráfico na Vila Cruzeiro fuzilado enquanto cruzava a estrada que liga aquela comunidade ao Complexo do Alemão, também sob a cobertura das principais redes de TV. Ressalte-se que a legislação brasileira não prevê a pena de morte e a Constituição Federal veda a prática da execução sumária.

Também participaram do debate a coordenadora do Núcleo de Questões Criminais e Penitenciárias da Defensoria Pública, Carmen Silvia Moraes de Barros, o ex-governador e secretário de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, Nilo Batista, e o historiador Davison Nkosi.

O seminário foi uma iniciativa do Tribunal Popular: o Estado brasileiro no banco dos réus. O Tribunal Popular, como é conhecido, existe desde 2008 e é uma articulação de entidades e movimentos sociais que se propõe a discutir as violações aos direitos humanos promovidas pelos agentes do Estado e organizar ações de resistência e solidariedade às vítimas.

FONTE: http://www.brasildefato.com.br/node/5263

Avanço das UPPs muda desenho do mercado de drogas do Rio

Por Pedro Fonseca

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A estratégia das forças de segurança de retomar favelas cariocas dominadas pelo tráfico de drogas, ressaltada pela ocupação do Complexo do Alemão no fim de semana, implicará em transformações profundas num mercado de venda de drogas que fatura entre 300 e 600 milhões de reais anuais.

 

Sem o domínio de territórios imposto pela autoridade de um fuzil, as facções criminosas que durante as últimas três décadas controlaram a venda de entorpecentes na cidade passarão a ter um mercado mais restrito, enquanto os consumidores de drogas das classes média e alta passarão a buscar outras formas de fornecimento, na avaliação de especialistas de segurança pública e violência no Rio ouvidos pela Reuters.

 

Se confirmadas, essas mudanças podem transformar o Rio de Janeiro num local mais seguro, desde que as autoridades de segurança pública continuem desarmando os grupos criminosos. Do contrário, é possível antecipar um aumento no número de sequestro e assaltos a bancos, além da transferência das ações criminosas para o interior do Estado.

 

"A experiência internacional e histórica indica que, pelo menos num primeiro momento, quando você asfixia uma determinada atividade ou uma área de ação criminosa, ocorre o deslocamento, seja para outro tipo de atividade seja o deslocamento para outras regiões. É ai que precisa entrar a ação do Estado", alerta o cientista político João Trajano, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

 

O sufocamento ao tráfico citado por Trajano é representado principalmente pela implementação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs), que provocou saída de chefes do tráfico de favelas onde esse tipo de policiamento foi instaurado.

 

As 13 UPPs montadas em morros da cidade não erradicaram o tráfico desses locais, mas devastaram as vendas dos pontos de varejo nessas áreas. O que antes era feito à céu aberto, protegido por um verdadeiro exército, passou a ter o risco da presença policial constante.

 

Somente no Complexo do Alemão, o principal quartel-general de uma das facções criminosas, mais de 40 toneladas de drogas e uma centenas de armas foram apreendidas após a invasão policial-militar de domingo. Mesmo que o tráfico permaneça após a implantação de uma UPP no local, prevista para o primeiro semestre do ano que vem, é impossível imaginar que se volte a esses níveis.

 

Por enquanto os chefes do tráfico ainda têm outras comunidades sob seu domínio para se esconder, mas a promessa do governo é levar as UPPs para as centenas de favelas da capital até 2014. O tráfico já teria começado buscar novas formas de atuação.

 

"Tráfico tem em qualquer lugar do mundo, mas o tráfico em outros lugares não é armado, não anda pela rua com AR-15, não tem controle territorial, e extrai provavelmente lucros muitos maiores do que o tráfico extrai aqui", avalia o sociólogo Ignácio Cano, coordenador de diversos estudos sobre a violência no Rio.

 

NOVO MERCADO

 

Um estudo da Secretaria de Fazenda do Rio elaborado em 2008 revela que os custos das quadrilhas da cidade para manter o antigo sistema de venda de drogas giravam em torno de 290 milhões de reais anuais -incluindo o pagamento a cerca de 16 mil funcionários e as perdas com apreensões de armas e drogas.

 

O lucro resultante das operações, considerando a menor estimativa de receita, "seria muito pouco para repartir para outros agentes que pudessem prover apoio mais amplo no asfalto e outras áreas de interesse para o desenvolvimento deste comércio", segundo os autores do estudo, Sergio Guimarães Ferreira e Luciana Velloso.

 

O novo mercado de drogas no Rio já começou a se desenhar com a chegada das primeiras UPPs, a partir de 2008, na zona sul da capital -a região mais rica e maior mercado consumidor.

 

Usuários de cocaína e maconha das classes média e alta, que tradicionalmente se deslocavam até as comunidades em busca dessas drogas, já passaram a recorrer a outras formas de comprá-las, incluindo um serviço de entrega. Além disso, há uma tendência cada vez maior nesse grupo de pessoas do uso de drogas sintéticas, que não são negociadas pelos grupos armados.

 

Por outro lado, as favelas tendem a se tornar locais de venda de crack, a droga mais consumida entre os mais pobres e que por muito tempo nem mesmo era negociada no Rio devido ao preço baixo e ao alto índice de morte entre os viciados.

 

Durante as ações da polícia no Alemão e na Vila Cruzeiro, favela vizinha tomada dias antes pelos policias, era possível ver dezenas de usuários de crack ao redor das comunidades.

 

"O que a gente tem hoje é uma reconfiguração do tráfico de drogas no Rio", diz João Trajano. "Esse modelo territorizalizado baseado no uso de armas e no controle desses território pobres tende a enfraquecer, como já está até ocorrendo."

 

FONTE: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2010/12/01/avanco-das-upps-muda-desenho-do-mercado-de-drogas-do-rio-923161460.asp

"Afinal, qual é a das UPPs?", por Luiz Antônio Machado da Silva

No sítio do Observatório das Metrópoles é possível encontrar a análise feita pelo professor da IUPERJ, Luiz Antônio Machado da Silva, sobre a instalação das UPPs na cidade do Rio de Janeiro. O artigo é março/2010.

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/artigo_machado_UPPs.pdf - "Afinal, qual é a das UPPs?", por Luiz Antônio Machado da Silva