La policía de Río fusila en las favelas

Las entidades Justicia Global y Tortura Nunca Más, y cuatro organismos de derechos humanos locales condenaron lo que definen como ejecuciones sumarias y describieron “un clima de terror por cuenta de la ocupación policial”.

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Por Gustavo Veiga

Desde que irrumpieron los tanques en las favelas de Río de Janeiro, con el propósito de expulsar al narcotráfico, asoman dos comprobaciones de hierro: se extiende la certeza de que hubo graves violaciones a los derechos humanos en el Complejo de Alemao y la Vila Cruzeiro, y las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) van consolidando de a poquito su presencia en los morros que rodean la ciudad. Las entidades Justicia Global y Tortura Nunca Más, y cuatro organismos de derechos humanos locales, condenaron lo que definen como ejecuciones sumarias y describieron “un clima de terror por cuenta de la ocupación policial”. En junio de 2007 se produjeron 19 muertes en un operativo sobre el mismo escenario, según reconoció la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que admitió varios fusilamientos. En noviembre pasado se relevaron 34 casos en una ofensiva de nuevo tipo: las fuerzas combinadas permanecen en las posiciones que ocuparon. Abandonaron las incursiones relámpago en aquellas barriadas pobres. “Hasta hoy no se sabe de forma precisa cuántas personas fueron muertas en operaciones policiales desde el día 22 de noviembre”, informa el documento firmado el 21 de diciembre, que ha tenido –según los denunciantes– casi nula divulgación en la prensa brasileña.

El “manifiesto público”, como lo llaman las organizaciones, detalla que desde el 28 de noviembre realizaron visitas a Alemao y Vila Cruzeiro, donde comprobaron una realidad bien distinta a la retratada por los medios. “Casos de tortura, amenazas de muerte, invasión de domicilio, lesiones, corrupción, robo, extorsión y humillaciones”, menciona la denuncia, además de “ejecuciones no registradas, ocultación de cadáveres y desapariciones”. Más adelante precisa que “para que se tenga una idea, en una favela del Complejo de Alemao, representantes de las organizaciones estuvieron en una casa completamente abandonada. El domingo 28 hubo una ejecución sumaria de un joven. Dos semanas después, la escena del homicidio permanecía de la misma manera, con la casa todavía revuelta y, al lado de la cama, intacto, un charco de sangre del niño muerto”.
El documento cuestiona al comandante de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Mario Sergio Duarte, quien declaró públicamente que tenía la orden de “barrer casa por casa” y recuerda que los diferentes gobiernos cariocas mantienen “calcada una misma visión que tiene por objeto tipificar como delito a la pobreza”. El gobernador estadual, Sergio Cabral, calificó como “un día histórico” el de la ocupación de las favelas. En cambio, el sociólogo Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, es una de las voces críticas del operativo que movilizó a 3 mil efectivos: “Los militares tienen una función de defensa nacional y la confusión de su papel es peligrosa”, advirtió. Luego ironizó sobre qué hubiera pasado “si la policía entra casa por casa en Ipanema y Copacabana, barrios de clase media y alta de la zona sur de Río de Janeiro”.
El diputado Marcelo Freixo, del PSOL, una escisión por izquierda del gobernante PT, afirma que “tener sensación de seguridad es muy diferente a tener seguridad”. Según Amnistía Internacional, las denuncias del legislador contra el sicariato del narcotráfico pusieron en riesgo su vida. La organización denunció que hay pistoleros dispuestos a asesinarlo. Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos con sede en Porto Alegre, en declaraciones a Página/12 definió como “pura ironía que llamen al operativo Pacificación, cuando está compuesto por paracaidistas del ejército y policías militares. Y ahora, documentos confidenciales del Centro de Inteligencia del Ejército nos señalan que volvió el tráfico de drogas a la región. Cambió el modo de actuación de los traficantes. El informe apunta a que hombres armados mantienen una forma móvil de tráfico y utilizan moto-taxis, que trabajan como observadores de los movimientos de las tropas. También se utilizan señas y contraseñas para la venta de drogas. Con esto queda en evidencia el error de utilizar a los militares en una acción netamente policial”. El organismo de Krischke es uno de los que firmó el texto sobre los hechos violentos de Alemao y Vila Cruzeiro.
“Es un escándalo: equipos policiales de diferentes corporaciones, de diferentes batallones, se turnan en busca de dinero, joyas, drogas y armas que los delincuentes habrían dejado tras la fuga”, acusa el duro comunicado que, además, menciona la sospecha de una fuga protagonizada por varios jefes narcos facilitada por las fuerzas militares y policiales. Durante la ocupación de las favelas, los blindados M113 equipados con armamento de guerra eran conducidos por el ejército, mientras que las operaciones dentro del territorio tomado (ubicado al norte de Río) quedaron en manos de la Policía Militar. “Esta vez estamos entrando para ganar la guerra”, gritaban desde las garitas de los tanques los soldados que ingresaban a Alemao y Vila Cruzeiro.
Brasil, además de sus fuerzas armadas, cuenta con varias policías a nivel nacional y estadual. En 1978 también se creó el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que apareció en Río de Janeiro como una fuerza de elite. Su razón de ser: el incremento del narcotráfico. Ya en junio de 2007, el Complejo Alemao, un conjunto de trece favelas entre las casi mil que existen en la ciudad, había sido el escenario de un megaoperativo con 1400 policías armados para una guerra. Los 19 muertos de entonces quedaron cargados en la cuenta del gobierno de Lula, se precipitaron varias denuncias por violaciones a los derechos humanos y hubo un informe final de la Secretaría Especial de Derechos Humanos nacional que habló de asesinatos de personas desarmadas. La diferencia sustancial con los episodios de noviembre de 2010 es que las UPP todavía no habían sido creadas. Recién serían concebidas en 2008, después de un viaje del gobernador de Río de Janeiro a Colombia, donde visitó Bogotá y Medellín. Cabral regresó a su ciudad estimulado por el modelo que combinaba una fuerte presencia policial y obras de infraestructura necesarias para combatir al delito.
Ese cuerpo especial entró a las favelas para quedarse y combina represión con actividades sociales en el territorio. Tres millones de habitantes de los catorce que tiene Río viven allí. Las UPP intentan familiarizarse con sus habitantes, aunque las víctimas tienen una opinión bien distinta de la policía en general. Para Thereza Cristina Barbosa, madre de Rosangela Barbosa Alves, la niña de 14 años muerta de un disparo en pleno operativo mientras estudiaba, “el tiro que se coló en mi casa vino de abajo. Ahora mi hija está muerta y yo ni siquiera puedo velar su cadáver”, denunció en el periódico O Dia. Si el tiro vino de abajo, no vino de los morros, donde se refugiaban los criminales rodeados.
La política de seguridad para las favelas dejó de consistir en incursiones esporádicas a las alturas de Río dominadas por los narcos. El Estado ha empezado a establecerse allí donde antes imponían su ley el Comando Vermelho o sus circunstanciales y actuales aliados de la organización delictiva Amigos de los Amigos. Dio el primer paso para quedarse en esas barriadas tan pobres que olvidó durante décadas.

FONTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-160488-2011-01-15.html

Rio: o ufanismo pelas operações militares nos morros cariocas calou os moradores das favelas ocupadas

3 de janeiro de 2011 às 17:28h

O leitor Edimilson Rosario da Silva conta como o ufanismo pelas operações militares nos morros cariocas calou os moradores das favelas ocupadas

Após a recente ocupação militar das favelas do complexo do Alemão e da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, o governo do Estado passou a comemorar uma suposta vitória das forças do “bem” contra o “mal”. Nesse clima de euforia, que a grande imprensa aderiu de imediato, não faltaram “especialistas” em segurança para apoiar a operação. Não faltaram políticos, intelectuais, ex-desembargadores e, até mesmo artistas,  para aplaudir a ofensiva sobre o “território inimigo”. Porém, o que esteve ausente em todo esse espetáculo, foram as vozes do Alemão. Durante todo o tempo as vozes dos moradores dessas comunidades foram ignoradas ou, o que é mais grave, sufocadas pelo medo e pelos interesses escondidos por trás das fumaças da pirotecnia.

Está se tornando um hábito em nossa sociedade a formulação de soluções a serem implementadas na marra sobre as comunidades mais pobres sem atentar para o que dizem essas comunidades e, muito menos, para a consequência dessas ações sobre elas. As vozes do Alemão são substituídas por vezes de celebridades que, falando em nome daqueles com os quais possuem contato mínimo ou nulo, são sempre vozes de vitória sobre um suposto inimigo.

Essa situação assemelha-se em muito à “missão civilizadora” do século XIX, quando África e Ásia foram subjugadas, seu povo humilhado, e seus tesouros saqueados, em nome de se levar a esses lugares um suposto progresso a custo de sufocar as vozes daquelas populações sobre se aceitariam ou não se submeter à rapina justificadas pelo preconceito e ignorância que viam aquelas sociedades como atrasadas e sem civilização.

Quando se subjuga o Alemão e Vila Cruzeiro, humilhando, chacinando e roubando pertences de seus moradores em nome de um suposto progresso que prescinde das vozes dessas comunidades, fica evidente que o preconceito que permeava as elites europeias do século XIX tem seu fio de continuidade nas medidas adotadas ainda hoje por autoridades governamentais e no esforço diário da grande imprensa para legitimar e, não raro, esconder as atrocidades praticadas na constante criminalização da pobreza e estigmatização das favelas como “território inimigo”. Tudo em nome do mito da “segurança pública”.

Entretanto, por mais que se queira tapar os ouvidos ou sufoca-las, as vozes do Alemão, pouco a pouco, através de muito esforço conseguem se fazer ouvir e se contrapor às vozes triunfalistas de governos e pseudo-intelectuais.

Essas vozes se expressam, entre outras formas, através de entrevistas com moradores do Complexo e da Vila Cruzeiro. Essas entrevistas foram realizadas por organizações de reconhecida idoneidade como a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, da qual participa meu amigo Delei de Acari, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, o Instituto de Defensores de Direitos Humanos e outros.

As vozes do Alemão se expressaram ainda de maneira tímida e com medo, pois os moradores pediram várias vezes para permanecerem protegidos pelo anonimato com medo de represálias. Apesar de tudo, foi revelada uma realidade totalmente diferente daquela mostrada pela grande imprensa e que pode ser apenas a ponta de um grande iceberg.

Os relados dos moradores dão conta da prática de tortura, arrombamentos e invasões de casas, humilhações e roubos praticados contra os moradores além de diversas execuções sumárias. Existem relatos segundo os quais toda a região ocupada estaria sendo “garimpada” por policiais que, além de roubar moradores, estariam partilhando entre si drogas e armas apreendidas para vender a outras organizações criminosas. Foram relatadas invasões de domicílios de trabalhadores e roubos de celulares, câmeras digitais, lap tops, etc.

Um dia desses, um policial abordou um morador, pediu para ver sua mochila que tinha apenas ferramentas de trabalho. O morador era um pedreiro. Após a revista, deu três tapas na cara do morador e o dispensou.

As vozes do Alemão dão conta de uma polícia estruturalmente corrompida exercendo importante papel nas engrenagens do crime. As vozes do Alemão dão conta de uma constante legitimação de práticas abusivas contra cidadãos das favelas, levada a cabo por essa mesma polícia. Legitimação que se sustenta na tese amplamente difundida segundo a qual moradores de favelas seriam inimigos ou potenciais suspeitos. Essa visão, expressa em frase do governador do Estado que afirmou serem as mulheres das favelas “fábricas de marginais” pelo fato de seus filhos terem supostamente uma grande possibilidade de se tornarem marginais, é tida como um mal menor capaz garantiria segurança a toda a população. Na verdade, trata-se de verdadeira institucionalização do preconceito social e racial.

A legitimação dessas violações se expressa também nas palavras do coronel Mario Sérgio Duarte, comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dizendo que a ordem era “vasculhar casa por casa”. Em nome da fictícia “segurança pública” se rasgou em um só ato o Artigo V da Constituição Federal que garante a inviolabilidade de domicílio ficando evidente que, ainda hoje, as instituições democráticas (?)  respeitam direitos apenas nos condomínios de ricos, onde seria impensável se invadir uma casa de forma ilegal. Nas comunidades pobres, porém, ainda não chegou a dita democracia que deveria proteger todo cidadão contra arbitrariedades independente de cor ou condição social. É como já confessou o governador do Rio de Janeiro dizendo que uma coisa é dar um tiro em Copacabana e outra coisa é dar um tiro em uma favela. Na verdade, a bala que não é disparada em Copacabana não mataria mais do que aquela que é disparada na favela. Apenas, esta é aceita pelo governo e aquela não. Em outras palavras, existem cidadãos que não podem morrer e cidadãos que podem morrer inclusive sem que sua família tenha direito ao corpo.

Por mais que as vozes do Alemão se tornem cada vez mais difícil de esconder, o governo do Estado continua fazendo vista grossa. Isso porque, segundo o relatório das entidades que investigam violações a direitos, nem mesmo aquelas denúncias que conseguiram chegar às páginas dos jornais, como a fuga facilitada de chefes do tráfico e execuções sumárias de moradores, foram respondidas e investigadas.

O mesmo relatório afirma que “até hoje, não se sabe de forma precisa quantas pessoas foram mortas em operações policiais desde o dia 22. Não se sabe tampouco quem são esses mortos, de que forma aconteceu o óbito, onde estão os corpos ou, ao menos, se houve perícia, e se foi feita de modo apropriado. A dificuldade é a mesma para se conseguir acesso a dados confiáveis e objetivos sobre número de feridos e de prisões efetuadas. As ações policiais no Rio de Janeiro continuam escondidas dentro de uma caixa preta do Estado”.

Essa situação é mais grave do que a chacina praticada na mesma comunidade no ano de 2007 com o objetivo de “pacificar” a cidade para os jogos Pan Americanos. Naquela ocasião foram constatados casos de moradores assassinados pela polícia com tiros à queima roupa, pelas costas e disparados de cima para baixo, ou seja, com as vítimas sentadas no chão, o que fica evidente que não se tratava de situação de confronto ou resistência, mas simples execução de pobres. Essas denúncias e a omissão das instituições causou a renúncia da Comissão de Ética da OAB-RJ, como forma de protesto. A maior gravidade dos fatos ocorridos agora em 2010 reside no fato de que nesse clima de “pente fino”, foram tantas execuções sumárias praticadas contra moradores que até hoje não se sabe quantos mortos e quantos corpos ocultados existem no Alemão.

O relatório também informa que “para que se tenha uma ideia, em uma favela do Complexo do Alemão representantes das organizações estiveram em uma casa completamente abandonada. No domingo, dia 28, houve a execução sumária de um jovem. Duas semanas depois, a cena do homicídio permanecia do mesmo jeito, com a casa ainda revirada e, ao lado da cama, intacta, a poça de sangue do rapaz morto. Ou seja, agentes do Estado invadiram a casa, apertaram o gatilho, desceram com o corpo em um carrinho de mão, viraram as costas e lavaram as mãos. Não houve trabalho pericial no local e não se sabe de nenhuma informação oficial sobre as circunstâncias da morte. Provavelmente nunca saberemos com detalhes o que de fato aconteceu naquela casa….Uma mulher grávida de sete meses contou ter sido espancada e um jovem afirmou que, mesmo apresentando o crachá para se identificar como trabalhador, foi agredido com tapas na cara, chutes e socos na barriga e no peito e ameaçado de morte. Ele abandonou a favela com medo de ser morto.”

Tentar sufocar as vozes do Alemão, escondendo essa realidade, como se houvesse uma parte da sociedade que devesse colonizar e subjugar a outra parte revela como governos e alguns representantes da sociedade civil ainda percebem as diferenças sociais com profundo preconceito. Nesse lamaçal de desprezo, o caminho aparentemente mais fácil, é injetar dinheiro em uma ou outra ONG laranja para iniciar trabalhos nessas comunidades e cooptar alguma liderança cujo papel seria informar um mundo perfeito após as chacinas policiais praticadas contra pessoas consideradas suspeitos naturais apenas por morar em favela. Faz parte do caminho aparentemente mais fácil criar uma cortina de fumaça através da grande imprensa tentando se vender a idéia de que vale à pena violar direitos, espancar e chacinar nas favelas, pois isso traria segurança pública e as próprias favelas chacinadas ficariam mais felizes. Tudo isso é aparentemente mais fácil do que ouvir as vozes do alemão e construir políticas públicas que sejam implementadas não na marra e na pancada sobre as favelas. Sufocar as vozes do Alemão pode parecer mais fácil do que se admitir e se implementar profundas reformas estruturais, inclusive na polícia, que absurdamente ainda não possui controle social.

Ao que tudo indica as autoridades optaram pelo caminho aparentemente mais fácil. Porém, uma sociedade violentada sempre acaba por reagir. De uma forma ou de outra, o povo constrói seus mecanismos de reação. O caminho que, à primeira vista se apresenta como mais fácil pode, na verdade, acabar por implodir o mito da “pacificação”. Conseguirão eles sufocar eternamente as vozes do Alemão?

FONTE: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/as-vozes-do-alemao

"Jogar sobre a favela o enfrentamento ao crime organizado é falácia", afirma Marcelo Freixo

Por Tatiana Merlino

Para o deputado estadual Marcelo Freixo (Psol/RJ), a ação da polícia do Rio de Janeiro e das Forças Armadas no combate às drogas não enfrentam o problema com eficácia. Ele explica que os grandes traficantes operam no mercado internacional, e que tais atividades são de “muito lucro e muitas relações de poder. E nenhuma dessas características podem ser atribuídas àquelas pessoas que passavam correndo da favela do Cruzeiro para o Alemão. Aquelas pessoas tem a capacidade da barbárie, da violência e arma na mão. Mas eles não representam sequer 1% dos moradores da favela do Rio de Janeiro”.

O que está por trás desses conflitos do Rio de Janeiro?
Não tem nada de tão novo assim. Na verdade, o grande debate da segurança pública no Rio de Janeiro é sobre Estado, território, soberania e governança e que é o grande debate do Rio de Janeiro. Esse momento foi importante. Aquele era um lugar com muitas drogas, muitas armas, onde há uma determinada facção do varejo da droga. Porém, o crime organizado não está na favela. O que se organiza em favela é a barbárie do crime que conta com menos de 1% dos moradores de qualquer favela, diga-se de passagem.

O que está sendo vendido é que os traficantes estão realmente sendo realmente enfrentados. Isso é verdade?
Os grandes traficantes operam no comércio internacional, tanto droga quanto arma fazem parte do comércio internacional. Ambos estão sempre entre os quatro maiores comércios do mundo, são atividades de muita complexidade, muito lucro e muitas relações de poder. E nenhuma dessas características podem ser atribuídas àquelas pessoas que passavam correndo da favela do Cruzeiro para o Alemão, porque aquelas pessoas tem a capacidade da barbárie, da violência e arma na mão. Mas eles não representam sequer 1% dos moradores da favela do Rio de Janeiro. Então, jogar sobre a favela o enfrentamento ao crime organizado é uma falácia. O que não quer dizer que não seja importante tomar o Complexo do Alemão, e tirar de lá as armas, drogas e todo um aparato armado muito forte. Aquelas pessoas estavam lá para matar e para morrer a qualquer momento, isso tudo é verdade. Mas há uma nova polícia agora? Isso foi fruto de uma grande renovação da polícia do Rio de Janeiro? Não. Há a mesma polícia de sempre que foi alvo de muitas críticas, a maioria delas corretas. Não há uma nova polícia, há uma auto-estima, um outro olhar da população sobre a polícia, que pode e deve ser aproveitado para se fazer uma grande reformulação que essas polícias precisam.

Qual sua opinião sobre a ação policial e militar no Alemão?
Ela foi reativa, fruto de uma série de circunstâncias que afrontaram o governo. E, nesse sentido, houve uma reação que acabou sendo para o governador muito positiva. E isso, de alguma maneira, traz à sociedade um debate sobre segurança pública que é muito perigoso. A ideia de dizer que tudo no Rio de Janeiro está resolvido a partir disso, e que parte da imprensa chamou de “Dia D”, o que é uma farsa midiática. O Rio não é outro a partir desse momento. Esse é um episódio importante, repito, não dá para desconsiderar, até o olhar da sociedade é importante, mas não é um outro Rio de Janeiro que temos a partir de agora. O tráfico de armas continua muito forte e não está alterado. O próprio tráfico de drogas, a quantidade de territórios que são dominados por grupos criminosos continua muito grande no Rio de Janeiro. As milícias estão com seus líderes presos, mas suas atividades econômicas continuam funcionando à vontade. O sistema prisional do Rio de Janeiro, como do Brasil continua um caos. Não existe política penitenciária, não há controle sobre a polícia, há uma formação precária dessa polícia, há salários baixos para que a polícia seja barata e mais fácil de ser controlada. Há problemas estruturais que não estão resolvidos no Rio de Janeiro. Não há sequer apontamento do início de uma transformação e isso tudo tem que ser visto com muita calma nesse momento.

E em relação a essa ação? Há denúncias de violações por parte das forças do Estado, as entradas sem mandado…
A gente está acompanhando. A defensoria colocou um ônibus do núcleo de direitos humanos dentro do Complexo do Alemão e está recebendo uma quantidade enorme de pessoas. Para o governo, seria uma burrice nesse momento permitir que essas violações virassem regra, porque ele vai colocar a perder toda uma imagem que tentou construir, de uma operação bem sucedida, como se diz. Seria uma burrice para o governo permitir que essas ações saíssem do controle dessa determinada imagem construída. Tem denúncias chegando, também os apoios da própria população local às ações policiais está muito forte, são maiores que as denúncias. Nós nos reunimos com moradores. A sociedade civil organizada está lá dentro.

O que tivemos foi uma ação militar dentro do Complexo do Alemão. O grande questionamento é: vai ser construído uma soberania? Porque aí a gente faz um debate verdadeiro, que é o mesmo que estamos fazendo sobre as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs). Elas significam construção da soberania da favela? Não. Elas representam a retomada do Estado militarmente de territórios que interessam a um projeto de cidade. Tem avanços? Tem. O próprio morador da UPP diz: “é melhor a paz armada do que a barbárie”. Mas isso tem prazo de validade.

E quais são as consequências dessa paz armada? Porque também há denúncias de violações com a instalação das UPPs?
O morador da UPP diz: “meu filho saía de casa e tinha guerra de facção na porta da minha casa, e isso hoje não tem mais. Então, melhorou”. Essa opinião do morador tem que ser respeitada. Isso não é um detalhe. É isso que faz esse morador dizer que ele quer a UPP, e o que não tem UPP querer que a UPP vá para lá. Agora, cabe a quem tem uma leitura do papel do poder público, mostrar que isso não significa soberania um novo papel da favela na concepção de cidade do Rio de Janeiro. Os moradores não tem instrumento de consulta, de participação, não tem outros setores do poder publico chegando. E boa parte das áreas da UPP não tem coleta de lixo, não tem creche, não tem boas escolas, não tem posto de saúde. Então, nesse sentido, você pode discutir que a soberania vem com a construção de políticas públicas muito maiores do que simplesmente a tomada de território. Esse é um debate que o Rio de Janeiro tem que fazer em relação ao Complexo do Alemão e todo o Rio.

Em relação às UPPS e jogos olímpicos, é possível dizer que a segurança dos jogos olímpicos é a prioridade?
Claro, é inevitável, pelos grandes investimentos que vão receber. O mapa das UPPs é revelador do papel que os jogos olímpicos vão ter na cidade do Rio de Janeiro. O que são as barreiras acústicas? Não é possível que alguém acredite que a preocupação do prefeito é criá-la em função dos tímpanos dos pobres. A mesma prefeitura que não está preocupada com creches e saneamento básico vai estar preocupada com os tímpanos dos moradores? É uma piada. Aquilo é uma barreira visível, não acústica. É para que não se veja a favela. As UPPs precisam ser pensadas com as barreiras acústicas, com as remoções, com os muros. É um projeto de cidade de que claramente tem uma perspectiva de investimento para os jogos olímpicos.

Qual sua opinião sobre a permanência da polícia no local por tempo indeterminado, e sobre o aumento de 4 milhões na folha salarial dos gastos, que serão financiados pela iniciativa privada?
Isso eu acho gravíssimo, como também acho gravíssimo o que vem acontecendo com as UPPs dessas parcerias privadas de financiamento. Eu acho gravíssimo, porque a segurança pública é um instrumento de Estado que não pode atender à lógica privada. Essas parcerias são muito perigosas.

Há interesse por trás disso?
Claro. Evidente que não tem a menor condição da polícia sair do Complexo do Alemão nesse momento, não dá para dizer isso. Agora, ela vai estar lá com que propósito do poder público? Perspectiva exclusivamente militar? Não pode. O Complexo do Alemão não precisa estar com muita polícia para gerar uma certa sensação para quem está fora do Alemão. Ele tem que ser seguro para quem mora lá. E não é só a polícia que vai garantir isso. Assim como não é só a polícia que vai garantir que a UPP seja uma unidade de polícia pacificadora. A pacificação não é um instrumento que a polícia possa garantir sozinha. Nem a do Rio e nem de lugar nenhum do mundo.

Qual sua opinião sobre essa compreensão de que a cidade esteja em guerra, que estejamos numa luta entre o bem e o mal?
Não há uma guerra, isso é um horror.

É uma ideologia reiterado pela mídia…
É a história do “dia D”…. O armamento é de guerra? Sim. O número de mortos é maior do que muitos países em guerra? É verdade. As cenas, muitas vezes podem ser confundidas com um cenário de guerra? Sim. Só que tem um elemento central. Não tem ninguém disputando o Estado. Não tem ideologia. É arma na mão e cabeça vazia. Não há disputa de Estado, de poder político. Não tem uma nova corrente disputando espaço no poder. Então não tem guerra. É a ideologia. O problema da concepção da guerra é que na guerra o objetivo é sempre eliminar o inimigo. A guerra traz implícita no seu conceito a ideia da eliminação do outro, e é o que a gente assiste por trás das políticas de segurança pública. Quando você mistura e confunde criminalidade com guerra, muda-se o papel do Estado. Você tira o papel do Estado de uma sociedade democrática, que em qualquer uma tem criminalidade, para a ideia de um Estado em guerra onde os limites são outros. Os limites legais, inclusive são outros.

E com isso se legitima ações..
Com isso se legitima, não necessariamente legalmente, mas no caldo de cultura, ações de extermínio, totalitárias e isso é muito perigoso.

Isso é o que se vê hoje no Rio de Janeiro?
Isso é o que se vê sempre. Sempre foi, veja aí quantos policias morrem e quanto eles matam nos últimos anos.

Dá para fazer um paralelo entre o que ocorre hoje e o que aconteceu em 2007, no Alemão, que levou à chacina?
Em 2007, a polícia entrou no Alemão, matou 19, saiu no dia seguinte e teve que voltar três anos depois com o aparato que nós vimos. Já tivemos a presença do Exército em 95, em 92, em 2002, em vários momentos. Quantas e quantas vezes tivemos os tanques apontando para as favelas, porque o novo inimigo não é mais o jovem universitário, o comunista, o subversivo, e sim quem sobrou de uma sociedade de mercado. Então, o aparato repressor do Estado se localiza para as favelas, que é onde moram os inimigos.

Isso é criminalização da pobreza?
Claro, o Estado opera na lógica da criminalização da pobreza. Tem, em seu sistema prisional, um instrumento fortíssimo da criminalização da pobreza. O Estado não tem a criminalização como consequência, ele tem instrumentos que fazem essa criminalização. E o discurso da guerra é fundamental para criar essa hegemonia.

Qual é sua opinião sobre a postura da mídia nesse caso do Rio?
É a espetacularização, e de um nível de irresponsabilidade atroz. Muitas vezes elas pautam o que querem ver ali, então, por outro lado é fundamental que acompanhem, que dêem noticias. Acho que muita coisa deixou de acontecer no Alemão porque a imprensa estava presente. Isso é importante. Por outro lado, esse processo de espetacularização e a utilização e determinados conceitos beira a irresponsabilidade e tem conseqüências, como o conceito de guerra.

FONTE: http://carosamigos.terra.com.br/

UPPs transformam favelas cariocas em campos de concentração

Opinião é da socióloga Vera Malaguti, que participou do seminário “Encarceramento em massa: símbolo do Estado penal”, realizado em São Paulo

09/12/2010

Luciana Araujo

De São Paulo (SP)

Em meio à onda de legitimação das ações policiais nas comunidades cariocas da Vila Cruzeiro e do Complexo do Alemão, com o apoio espetacularmente armado do Exército e da Marinha, dezenas de entidades realizaram, entre 7 e 9 de dezembro, o seminário “Encarceramento em massa: símbolo do Estado penal”, no salão nobre da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, centro da capital paulista.

Na abertura do seminário, a socióloga Vera Malaguti, uma das palestrantes, afirmou que está em curso no Rio de Janeiro a transmutação do modelo da penalização exacerbada das camadas mais pauperizadas da população para um projeto de militarização da segurança pública. Vera afirma que essa realidade está levando à “transformação das periferias e das favelas em campos de concentração, como é o projeto das UPPs”.

Para Malaguti, a comparação se justifica pelo “controle absoluto e militarizado, com mortes em série,” imposto às comunidades. “É a ocupação militarizada dos territórios de pobreza”, afirma.

Nas favelas onde foram instaladas as chamadas Unidades de Polícia Pacificadora, a autoridade militar determina até mesmo o tipo de música que os moradores podem ouvir. O funk, um dos ritmos mais difundidos nas comunidades do Rio, está no rol das manifestações musicais proibidas. Também são controladas pelo comando das UPPs atividades como festas e churrascos e o horário de circulação dos moradores.

“Estamos vivendo, para que fluam os negócios olímpicos transnacionais, um verdadeiro massacre das favelas cariocas. Então você tem metáforas como as ‘cercas ecológicas’, ‘muros acústicos’. E todos aqueles ‘verdes’ da Natura aderindo. Quando os pobres ocupam o território, é como se eles poluíssem a natureza”, criticou Vera.

Para ela, que ocupa a secretaria geral do Instituto Carioca de Criminologia, “a classe trabalhadora brasileira está presa, dentro e fora das prisões”.

Vera Malaguti voltou a mencionar o regime totalitário ao afirmar que “nosso secretário de segurança [José Mariano Beltrame] diz que é um técnico, mas as SS nazistas também eram polícias técnicas altamente qualificadas”.

A grande mídia demanda mais violência

A socióloga também criticou duramente a cobertura da mídia às ações policiais e seus resultados. “A mídia é a grande produtora de uma demanda por mais prisões e mais penas”.

A omissão, pela quase totalidade dos veículos de comunicação, das mortes ocorridas durante a operação iniciada no dia 21 de novembro foi apontada como parte do processo de legitimação de uma ação eivada de ilegalidades por parte das polícias civil e militar do Rio de Janeiro com o apoio das forças armadas.

Há veículos que até hoje sustentam a versão de que não teria havido mortes de “civis”. No entanto, ao menos 51 pessoas foram assassinadas por disparos efetuados por agentes do Estado, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública. Entre eles uma adolescente atingida na cabeça dentro do quarto onde estudava, um agente de segurança morto diante das câmeras enquanto levava convites do aniversário do filho para vizinhos, um idoso e um dos suspeitos de envolvimento com o tráfico na Vila Cruzeiro fuzilado enquanto cruzava a estrada que liga aquela comunidade ao Complexo do Alemão, também sob a cobertura das principais redes de TV. Ressalte-se que a legislação brasileira não prevê a pena de morte e a Constituição Federal veda a prática da execução sumária.

Também participaram do debate a coordenadora do Núcleo de Questões Criminais e Penitenciárias da Defensoria Pública, Carmen Silvia Moraes de Barros, o ex-governador e secretário de Polícia do Estado do Rio de Janeiro, Nilo Batista, e o historiador Davison Nkosi.

O seminário foi uma iniciativa do Tribunal Popular: o Estado brasileiro no banco dos réus. O Tribunal Popular, como é conhecido, existe desde 2008 e é uma articulação de entidades e movimentos sociais que se propõe a discutir as violações aos direitos humanos promovidas pelos agentes do Estado e organizar ações de resistência e solidariedade às vítimas.

FONTE: http://www.brasildefato.com.br/node/5263

"Guerra às drogas encarcera mais negros do que apartheid", afirma a jurista Maria Lúcia Karam

Para jurista, guerra se dirige aos mais vulneráveis socialmente.

 10/12/2010

Renato Godoy de Toledo

da Redação

A juíza aposentada do Rio de Janeiro, Maria Lucia Karam, afirma que a criminalização do usuário que ainda persiste no Brasil viola declarações internacionais e e a própria Constituição brasileira. Karam faz parte da Apilcação da Lei contra a Proibição (Leap, na sigla em inglês). Segundo a juíza, a guerra às drogas nos EUA - que serve de referência para outros países - já propicia um quadro de encarceramento da população negra que ultrapassa os indíces do regime do apartheid na África do Sul.

Judicialmente, o usuário de drogas ainda é tratado como criminoso? Na sua opinião, quais mudanças na legislação poderiam tornar o relacionamento do judiciário com o usuário mais humano?

Maria Lucia Karam: Sim, o usuário de drogas ilícitas ainda é tratado como criminoso no Brasil. A Lei 11.343/2006 – a vigente lei brasileira em matéria de drogas – ilegitimamente criminaliza a posse para uso pessoal das drogas tornadas ilícitas em seu artigo 28, ali prevendo penas de advertência, prestação de serviços à comunidade, comparecimento a programa ou curso educativo e, em caso de descumprimento, admoestação e multa. A Lei 11.343/2006 apenas afastou a previsão de pena privativa de liberdade.

Não se trata de tornar o relacionamento do Poder Judiciário com o usuário mais humano. Na realidade, o mero fato de usar drogas ilícitas não deveria levar ninguém a se relacionar com o Poder Judiciário. A criminalização da posse para uso pessoal das drogas tornadas ilícitas viola princípios garantidores de direitos fundamentais inscritos nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas, aí naturalmente incluída a Constituição Federal brasileira. A simples posse para uso pessoal das drogas tornadas ilícitas, ou seu consumo em circunstâncias que não envolvam um perigo concreto, direto e imediato para terceiros são condutas que dizem respeito unicamente ao indivíduo que as realiza, à sua liberdade, às suas opções pessoais. Condutas dessa natureza não podem sofrer nenhuma intervenção do Estado, não podem sofrer nenhuma sanção. Em uma democracia, a liberdade do indivíduo só pode sofrer restrições quando sua conduta atinja direta e concretamente direitos de terceiros.

A guerra às drogas tem um cunho social? Isto é, ela atinge majoritariamente os mais pobres? Se sim, a sra. considera que essa é uma estratégia pensada propositadamente para atingir os mais pobres?

A “guerra às drogas” não se dirige propriamente contra as drogas. Como qualquer outra guerra, dirige-se sim contra pessoas – nesse caso, os produtores, comerciantes e consumidores das drogas tornadas ilícitas. Como acontece com qualquer intervenção do sistema penal, os mais atingidos pela repressão são – e sempre serão – os mais vulneráveis econômica e socialmente, os desprovidos de riquezas, os desprovidos de poder.

No Brasil, os mais atingidos são os muitos meninos, que, sem oportunidades e sem perspectivas de uma vida melhor, são identificados como “traficantes”, morrendo e matando, envolvidos pela violência causada pela ilegalidade imposta ao mercado onde trabalham. Enfrentam a polícia nos confrontos regulares ou irregulares; enfrentam os delatores; enfrentam os concorrentes de seu negócio. Devem se mostrar corajosos; precisam assegurar seus lucros efêmeros, seus pequenos poderes, suas vidas. Não vivem muito e, logo, são substituídos por outros meninos igualmente sem esperanças. Os que sobrevivem, superlotam as prisões brasileiras.

Nos EUA, pesquisas apontam que, embora somente 13,5% de todos os usuários e “traficantes” de drogas naquele país sejam negros, 37% dos capturados por violação a leis de drogas são negros; 60% em prisões estaduais por crimes relacionados a drogas são negros; 81% dos acusados por violações a leis federais relativas a drogas são negros. Os EUA encarceram 1.009 pessoas por cem mil habitantes adultos. Se considerados os homens brancos, são 948 por cem mil habitantes adultos. Se considerados os homens negros, são 6.667 por cem mil habitantes. Sob o regime mais racista da história moderna, em 1993 – sob o apartheid na África do Sul – a proporção era de 851 negros encarcerados por cem mil habitantes. Como ressalta Jack A. Cole, diretor da Law Enforcement Against Prohibition-LEAP – organização internacional que reúne policiais, juízes, promotores, agentes penitenciários e da qual orgulhosamente faço parte – é o racismo que conduz a “guerra às drogas” nos EUA.

Na Europa, a mesma desproporção se manifesta em relação aos imigrantes vindos de países pobres.

A função da “guerra às drogas” – ou do sistema penal em geral – de criminalização dos mais vulneráveis e de conseqüente conservação e reprodução de estruturas de dominação não é exatamente uma estratégia pensada propositadamente pelo político A ou B; é sim algo inerente ao exercício do sempre violento, danoso e doloroso poder punitivo.

As experiências de legalização/descriminalização das drogas têm ajudado a diminuir a violência em função do tráfico?

As experiências menos repressivas na atualidade limitam-se à descriminalização da posse para uso pessoal das drogas tornadas ilícitas. A descriminalização da posse para uso pessoal das drogas ilícitas é um imperativo derivado da necessária observância dos princípios garantidores dos direitos fundamentais inscritos nas declarações internacionais de direitos e nas constituições democráticas. A posse de drogas para uso pessoal, como antes mencionado, é uma conduta que não atinge concretamente nenhum direito de terceiros e, portanto, não pode ser objeto de qualquer intervenção do Estado.

Mas essa imperativa descriminalização não é suficiente. Não haverá nenhuma mudança significativa, especialmente no que concerne à violência, a não ser que a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas possam se desenvolver em um ambiente de legalidade. Para afastar os riscos e os danos da proibição, para pôr fim à violência resultante da ilegalidade, é preciso legalizar a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas.

A legalização da produção e do comércio de todas as drogas afastará a violência que hoje acompanha tais atividades, pois essa violência só se faz presente porque o mercado é ilegal. ão são as drogas que causam violência. A produção e o comércio de drogas não são atividades violentas em si mesmas. É a ilegalidade que cria a violência. A produção e o comércio de drogas só se fazem acompanhar de armas e de violência quando se desenvolvem em um mercado ilegal. A violência não provem apenas dos enfrentamentos com as forças policiais, da impossibilidade de resolução legal dos conflitos, ou do estímulo à circulação de armas. Além disso, há a diferenciação, o estigma, a demonização, a hostilidade, a exclusão, derivados da própria ideia de crime, a sempre gerar violência, seja da parte de agentes policiais, seja da parte daqueles a quem é atribuído o papel do “criminoso” – ou pior, do “inimigo”.

A produção e o comércio de álcool ou de tabaco se desenvolvem sem violência – disputas de mercado, cobranças de dívidas, tudo se faz sem violência. Por que é diferente na produção e no comércio de maconha ou cocaína? A óbvia diferença está na proibição, na irracional política antidrogas, na insana e sanguinária “guerra às drogas”.

Aliás, o exemplo de legalização que podemos invocar é o que ocorreu nos EUA na década de 1930, com o fim da proibição do álcool. O proibicionismo produziu e inseriu no mercado produtor e distribuidor do álcool empresas criminalizadas; fortaleceu a máfia de Al Capone e seus companheiros; provocou a violência que caracterizou especialmente a cidade de Chicago daquele tempo. Com o fim da chamada Lei Seca (o Volstead Act), o mercado do álcool se normalizou e aquela violência que o cercava simplesmente desapareceu.

FONTE: http://www.brasildefato.com.br/node/5265

Tribunal Popular debate avanço da militarização da segurança

Operações policiais no Rio, o posto de terceira maior população carcerária do mundo e a criminalização dos movimentos sociais são exemplos cotidianos da guerra à pobreza

15/12/2010

 

Luciana Araujo

De São Paulo (SP)

As operações policiais nas comunidades da Vila Cruzeiro e Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, o posto de terceira maior população carcerária do mundo e a criminalização dos movimentos sociais são exemplos cotidianos do avanço da remilitarização da segurança pública no Brasil, na esteira do avanço do neoliberalismo. No seminário Encarceramento em massa: símbolo do Estado penal, com a participação de cerca de 450 pessoas, foi discutida a relação dessa política com o aprofundamento da histórica segregação social brasileira e o estímulo à indústria do controle do crime. O evento aconteceu de 7 a 9 de dezembro no salão nobre da Faculdade de Direito da USP, promovido pelo Tribunal Popular: o Estado brasileiro no banco dos réus, articulação de entidades e movimentos que desenvolve atividades de resistência e solidariedade às vítimas da violência estatal.

O ex-secretário de Polícia e ex-governador do Estado do Rio de Janeiro, Nilo Batista, destacou que “nunca o sistema penal participou tanto da acumulação capitalista como agora”. Nilo participou da mesa de abertura do seminário junto com a socióloga Vera Malaguti e a defensora pública Carmen Silvia Moraes de Barros.

“Atrás de todo choque de ordem tem sempre um deslocamento de economias informais populares para as economias formalizadas de grandes empresas, e também a indústria do controle do crime”, ressaltou.

Nesse momento, poucas semanas após o início das operações policiais nas comunidades cariocas controladas pelo Comando Vermelho, multinacionais como a Phillips, Procter & Gamble e outras já discutem instalar novas plantas no Rio. As indústrias têm recebido incentivos fiscais dos governos federal, estadual e municipal – caso da P&G, que obteve redução do IPTU e do ISS e se estabelecer na região da Cidade de Deus em 2009. A evolução do arsenal bélico exibido pelos traficantes e agentes do Estado também evidencia a lucratividade dessa ‘guerra’ urbana para indústria armamentista. ‘Guerra’ que teve início há quase 20 anos no Rio de Janeiro e não acaba nunca porque os verdadeiros responsáveis pela entrada de armas e drogas no país, e sua relação com a estrutura do Estado, não são enfrentados.

Somente a pobreza vem sendo atacada, pela via militar, para assegurar que a cidade esteja “preparada” para receber a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

“O Rio de Janeiro está vivendo, para que fluam os negócios olímpicos transnacionais, um verdadeiro massacre das favelas”, denuncia a socióloga e secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia, Vera Malaguti.

Para Vera, as chamadas Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) são parte de um projeto que transforma as favelas em “campos de concentração” altamente militarizados, cuja população é absolutamente controlada e há mortes em série. Ela criticou duramente o anúncio feito pela presidenta eleita, Dilma Rousseff, de expandir o modelo das UPPs para todo o país no próximo governo.

A “guerra ao crime” e o extermínio dos pobres

O Brasil tem hoje quase 500 mil presos amontoados em menos de 300 mil vagas. De acordo com dados do Departamento Penitenciário Nacional, 60% dos detentos são negros, 58% têm entre 18 e 29 anos e 44% ainda aguardam julgamento (são presos provisórios). “É um encarceramento em massa da pobreza, porque não há notícia de encarceramento das elites”, destaca o juiz e presidente do Instituto de Criminologia e Política Criminal, Juarez Cirino dos Santos. Na mesma mesa, o também juiz e integrante da Associação Juízes pela Democracia (AJD) Rubens Roberto Rebello Casara avalia que “perdemos o pudor de praticar ilegalidades contra as camadas mais pobres da sociedade brasileira” e que “não cabe falar em guerra, que pressupõe baixas nos dois exércitos: o que está acontecendo no Rio é extermínio”.

A reportagem tentou obter o levantamento consolidado das mortes, prisões e apreensões realizadas junto à assessoria de imprensa da Polícia Militar do Rio de Janeiro desde o dia 21 de novembro. A orientação foi procurar a 21ª Delegacia Policial. Lá, a informação foi de que os dados não estão disponíveis. A reportagem foi orientada a encaminhar um documento solicitando ao delegado chefe a divulgação de números que deveriam ser públicos. Até o fechamento deste texto a Secretaria de Segurança Pública não divulgou o número de mortes ocorridas nos dias 21 a 24 de novembro.

As famílias denunciam o arrombamento de residências, furto de pertences e ameaças em todas as comunidades onde há ações do ‘choque de ordem’.

Em São Paulo, à criminalização das periferias soma-se a ação estatal que potencializa as dificuldades para que essa parcela da população tenha condições mínimas de acesso ao Judiciário. O Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado dispõe de apenas 45 defensores para atender a uma população de quase 180 mil presos. E o Judiciário atua como “justiceiro social” na opinião da coordenadora do Núcleo, Carmen Silvia.

A situação se complica para os portadores de doenças mentais, mulheres e adolescentes. Depósitos de seres humanos como o Hospital de Custódia de Franco da Rocha seguem em funcionamento. As mulheres e mães dos presos são aviltadas durante as visitas e discriminadas pela sociedade. E as internas das instituições socioeducativas, embora representem apenas 4,5% da população jovem privada de liberdade, chegam a índices de 80% de medicalização nas unidades – como verificado no Estado da Bahia pela advogada Jalusa Arruda.

Tudo somado, a evidência de um Estado penal em vigor no Brasil é cabal. Na tentativa de combater esse modelo, as entidades e movimentos que se articulam no Tribunal Popular decidiram realizar novas atividades no ano que vem, incluindo um ato no Complexo do Alemão em janeiro. Também será organizado um Tribunal Popular da Terra, para discutir como a não realização da reforma agrária no país potencializa a criminalização da pobreza e a segregação social.

O sistema penal brasileiro em números

494.598 pessoas presas

299.587 vagas existentes em todo o país

57.195 pessoas cumprindo pena em delegacias

60% dos detentos são negros

58% têm entre 18 e 29 anos

44% são presos provisórios (prisões em flagrante, preventivas, temporárias aguardando julgamento)

41% cometeram crimes patrimoniais sem violência ou relacionados às drogas

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), dezembro/2010 

FONTE: http://www.brasildefato.com.br/node/5309